La editora de El Diario está con las cuentas embargadas

La Justicia dispuso este lunes embargar las cuentas y bienes de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, en una suma que apenas supera los $2,6 millones para abonar deudas salariales que se acumularon antes de la presentación del concurso preventivo, en 2018 y que, a pesar de la intimación, la empresa hizo caso omiso en depositar para que los extrabajadores puedan hacerse de una ínfima parte de lo que se les adeuda.

Embargo

En una resolución que firmó este lunes 29 el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, de Paraná, a cargo del concurso preventivo de El Diario, el juez Ángel Moia dispuso: «Téngase presente lo informado precedentemente por Secretaría y atento lo oportunamente dispuesto en fecha 18/05/2023, estado y constancias de autos, requiérase a la sindicatura y a la totalidad de quienes intervienen en este proceso que en el término de 3 días denuncien bienes a embargo de la concursada, suministrando los datos necesarios para su individualización (verbigracia: número de cuentas e individualización de bancos, número de matrículas de inmuebles, denominación e identificación de entidades o personas con cuentas y créditos a percibir, etc) a efectos de ordenar el embargo sobre los mismos a los fines de destinar a los pronto pagos laborales admitidos en las presentes, confirme la intimación oportunamente efectuada».

Intimación

El jueves 18 del actual (día en que se cumplieron 5 años del desaguace de la Redacción de El Diario, con el despido de 80 trabajadores) el juez Moia, a cargo del concurso de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del tradicional matutino, había intimado a la firma a pagar una parte de la deuda salarial con los empleados echados.

En su resolución, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Paraná dispuso «intimar a la concursada para que en el término de tres días cumplimente con el depósito oportunamente ordenado en la cuenta judicial de las presentes, de los fondos suficientes para aplicar a la cancelación de los pronto pagos verificados en estas actuaciones, ello bajo apercibimientos de ordenar trabar embargo hasta cubrir la suma consignada por la sindicatura interviniente en su presentación electrónica» de un mes atrás, el 18 de abril.

El Diario no sólo adeuda la indemnización por los 80 despidos, sino que también está en falta con los «pronto pago», la cancelación de la deuda salarial que mantenía con los despedidos al momento de enviar los telegramas de desvinculación.

Es, de todos modos, la segunda intimación que la Justicia hace a SAER, la sociedad anónima de la que forma parte la familia Etchevehere. El 19 de abril, un mes atrás, el juez Moia había dispuesto «cursar formal intimación a la concursada a fin de que en el término de ley proceda a integrar en la cuenta de estas actuaciones el importe informadopor la sindicatura mediante presentación electrónica efectuada en fecha18/04/2023 -8:05 hs.- para aplicar a la cancelación de los pronto pagos en estas actuaciones, debiendo informar su cumplimiento mediante presentaciónelectrónica en autos».

Este jueves 18 de mayo, el magistrado pidió que se constatara si la intimación había sido respondida por SAER, pero hubo una mala nueva: “Que de la consulta efectuada en la fecha, conforme surge de la planilla de últimos movimientos y saldos del Bersa, emitida por secretaría e ingresada en el registro informático de las presentes actuaciones, se constata que dicha manda no ha sido cumplida”.

Requiere urgente atención

A favor suyo, el juez puso de manifiesto que «desde el comienzo del trámite de las presentes actuaciones el Juzgado ha dado tratamiento prioritario al pago de los créditos laborales, según lo dispuesto en la ley 24.522, duplicándose el máximo del porcentaje legal para su pago, entre otras numerosas medidas tomadas con la mayor premura para evitar posibles conculcaciones a los derechos consagrados de los acreedores pronto pagables laborales verificados en autos, ello sin perjuicio de las facultades de los mismos para solicitar las medidas que estimen pertinentes».

Y trascartón entendió que el incumplimiento de El Diario «reviste una vital importancia y requiere urgente atención, con preeminencia sobre otras cuestiones, sin desmerecer ninguna de ellas, a dirimirse durante el trámite de estos actuados, lo que impone al organismo la obligación de sacar autos de despacho al sólo efecto de reiterar la intimación a la concursada a cumplir la manda referenciada, bajo apercibimiento de decretar medidas de embargo hasta cubrir el monto detallado por la sindicatura para satisfacer los pronto pagos laborales verificados en autos, y cumplimentado este extremo, procederal nuevo llamamiento de las presentes».

Extraído de Entre Ríos Ahora

Según denunció su vipresidente, Telecom amenazó a los miembros del ENaCom

Días atrás, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) resolvió autorizar a Telecentro a ser el cuarto operador de telefonía móvil del país. De este modo, la empresa se suma a Movistar, Claro y Personal. Dicha decisión no cayó bien entre las autoridades de Telecom, quienes enviaron una carta documento a los directivos del ENaCom con una advertencia de iniciar acciones legales por «daños y perjuicios».

La Mecha por Radio Provincia conversó con Gustavo López, vicepresidente del ENaCom, quien expresó que Lo grave es una amenaza. Lo grave es que nos dicen, si ustedes votan esto, entonces vamos a iniciarle a cada uno acciones penales y civiles contra su propio patrimonio».

En ese sentido, explicó que el inconveniente surgió a partir de que el organismo tomó la decisión de que «la empresa Telecentro pueda brindar telefonía móvil sobre las redes existentes de las tres empresas telefónicas. Esto es Telecom, Movistar y Claro. Se llama operador móvil virtual donde tienen la obligación de alquilar las redes para que presten servicios. Como no se ponían de acuerdo, nosotros por 60 días fijamos el precio. Quiero destacar que no es la autorización o no, o a qué valor se autorizó, porque siempre puede haber errores y siempre puede haber recursos. Lo que me parece tremendo y que realmente es importante discutir es si una empresa puede amenazar al Estado o puede amenazar a funcionarios para que no voten una cosa».

Y agregó: «En qué país queremos vivir, cuál es el rol del Estado en ese país que queremos vivir, si es un rol regulador del mercado en favor de los usuarios, si el Estado no va a existir más porque las empresas no quieren regulación y tampoco quieren competencia. No quieren ninguna de las dos cosas, pero el hecho que me pareció realmente muy grave, muy grave es la amenaza porque la carta está dirigida antes independientemente que llegó después y la carta lo que dice es no voten esto porque si no puede haber todas estas consecuencias».

«La telefonía celular se puede brindar de dos maneras. La más común es cuando el Estado llama una licitación espectro, es decir, licitarse el aire por donde van las transmisiones, en su momento, en el 2014-2015, el 4G lo ganaron tres empresas de manera equivalente. Telecom, Telefónica y Claro. Y después existe una figura que es el operador móvil virtual en donde alguien puede pedir que sobre la red del otro prestar el servicio y ese otro, que puede ser cualquiera de estas tres empresas o las tres, le alquila el servicio. Es decir, no se lo da gratis, se lo alquila. Ya tenemos un cuarto operador de celulares que es una cooperativa, CATEL, es operador móvil virtual, y ahora hay un quinto que es Telecentro. Y para que no votemos lo de Telecentro vino la amenaza», subrayó López.

En tanto, reiteró que «si uno fija un precio que no es el correcto corresponde presentar un recurso administrativo, puede ser en el mismo organismo o en Jefatura de Gabinete o podés ir a la Justicia y decir que este precio no es justo. Pero, no hicieron eso, no recurrieron con un amparo a la justicia, no presentaron un reclamo o un recurso administrativo».

En la misma línea, sostuvo que van «a contestar la carta porque actuamos individualmente, no es que lo votamos por separado, esto es en el directorio se levanta la mano y se vota a favor, en contra, abstenciones. La resolución es de un órgano colegiado. Hay que discutir cuál es el rol del Estado, o si el Estado no va a tener ningún rol porque cada vez que vas a votar algo te van a amenazar con meterte preso o rematarte tu casa. Es la ley de la selva».

Extraído de Radio Provincia AM 1270

A 50 años de la edición del Caso Satanowsky, el libro menos citado de Rodolfo Walsh

La restauración democrática de 1973 permitió que, pasados los años de censura y proscripción, hubiera una «primavera» en materia cultural. Como se sabe, fue una experiencia trunca, que antecedió en una década al reverdecer de los primeros años del alfonsinismo.

En ese contexto comenzaron a circular películas y libros que, con el peronismo ya rehabilitado, tuvieron una circulación legal, por fuera de la clandestinidad, como La hora de los hornos de Pino Solanas y Octavio Getino; y Operación Masacre de Jorge Cedrón, basada en la investigación de Rodolfo Walsh (autor del guión). El film sobre los fusilamientos de José León Suárez circuló entre la militancia antes de las elecciones que llevaron a Héctor Cámpora al gobierno (y a Perón al poder), tras haberse rodado en sigilo.

El estreno comercial fue el 27 de septiembre de 1973. El 23, Juan Perón acababa de conseguir su tercer mandato presidencial con un aplastante 62 por ciento de los votos. Y el 25, dos días antes del estreno, se produjo el asesinato de José Ignacio Rucci.

El Walsh de ese momento, presto a trabajar en el diario Noticias, aprovechó la apertura del ’73 para publicar un libro periodístico. Reunió una serie de notas sobre una investigación que encaró justo después de saber que había un fusilado que vivía, pero que no tuvo destino de libro inmediato como Operación Masacre y, a fines de los 60, ¿Quién mató a Rosendo?

Quizás por eso quedó como su trabajo más rezagado o menos citado. Walsh se metió en la ligazón entre política, servicios, medios de prensa y militares. Fue su segundo desafío al poder de la Libertadora y lo reconstruyó en libro cuando terminó la proscripción del peronismo.

«Si rescato el tema en 1973, no es para contribuir al congelamiento de la Revolución Libertadora. Hay en juego un interés público actual. Los mecanismos que la Libertadora estableció en los campos afines al periodismo y los Servicios de Informaciones -tema del libro- siguen vigentes después del triunfo popular del 11 de marzo, y no es una política conciliadora la que habrá de desmontarlos», escribió al comienzo de Caso Satanowsky.

El litigio
Marcos Satanowsky era uno de los abogados más reputados de Buenos Aires al momento de su asesinato, el 13 de junio de 1957. Había nacido 64 años antes en Kiev. Llegó de joven a la Argentina, se graduó en Derecho y logró escalar socialmente. Su estudio jurídico, en pleno centro porteño, tuvo como clientes a figuras de la alta sociedad.

Como la familia Peralta Ramos, que decidió tomar el patrocinio del letrado cuando el dictador Pedro Eugenio Aramburu entabló querella por las acciones del diario La Razón. El vespertino había sido una de las joyas de la corona del aparato de medios que Raúl Apolf había armado durante el peronismo. En medio de la tensión de los días del derrocamiento del líder justicialista, ocurrió un hecho que dejó sorprendidos a los militares golpistas cuando hicieron inventario de los órganos de prensa: La Razón había pasado a manos de sus antiguos dueños.

Walsh escribió en Mayoría sobre el homicidio, tras el impacto de Operación Masacre

Al parecer, el saliente gobernador bonaerense, Carlos Aloé se encargó de hacer el traspaso accionario a Ricardo Peralta Ramos. La Libertadora buscaba la expropiación de todos los medios de la red de medios peronista, y se encontró con un argumento difícil de rebatir por parte de Satanowsky: Aloé las entregó en préstamo, no hubo venta y eso explicaba la ausencia de contrato.

Un decreto de febrero de 1956 prohibió asistencia legal a las personas interdictas, en general antiguos funcionarios peronistas. Pero parecía hecho a la medida de Peralta Ramos, ya que establecía que los abogados que defendieran interdictos no podrían ejercer la docencia: Satanowsky era profesor en la UBA y lo expulsaron.

Los militares comenzaron a presionar a Peralta Ramos con la cárcel si no entregaba las acciones. Para mayo de 1957, apuntaron contra el abogado: Satanowsky recibió amenazas telefónicas.

El crimen
El 13 de junio, el abogado estaba en su estudio cuando su secretaria le avisó que un hombre identificado como Pérez Díaz, de profesión contador, se había apersonado con unos ejemplares de una obra suya, Estudios de derecho comercial, para que se los firmara. Pérez Díaz le dijo que afuera había dos estudiantes chilenos que lo querían saludar y preguntó si podían pasar.

Una vez adentro, la secretaria escuchó voces que hablaban cada vez más alto y que reclamaban algo que bien podría ser el contrato de compra-venta de La Razón que tanto quería la Libertadora para dirimir el pleito con Peralta Ramos. Sonó un disparo. Tres hombres huyeron del lugar, en pleno centro porteño, al mediodía. Satanowsky había recibido un disparo en el cuello y murió a los pocos minutos.

Días más tarde, por teléfono, varias voces de varón que se identificaron como Pérez Díaz se dedicaron a llamar a los hermanos de Satanowsky (el abogado era soltero) reclamando resolver un pleito «para que no haya más luto en la familia». Querían dinero. Las llamadas se cortaron durante un año, hasta mediados de 1958, cuando la revista Mayoría comenzó a publicar la investigación de Walsh.

Isidro Satanowsky, hermano del abogado asesinado, recurrió a la SIDE, porque no confiaba en la policía. El jefe de los espías, general Juan Constantino Quaranta, armó una comisión integrada, entre otros, por Desiderio Fernández Suárez, el responsable del fusilamiento en el basural. La investigación apuntó a un ataque antisemita, en base a unos panfletos que los asesinos habían dejado sobre el escritorio de Satanowsky.

Al mismo tiempo, y gracias a los testimonios de los testigos, se pudo hacer el indentikit de Pérez Díaz. Resultó ser un delincuente llamado Marcelino Castor Lorenzo, alias El Huaso, de 52 años, que se dedicaba a la trata de blancas, y que de joven había sido matón de la Liga Patriótica. En rueda de presos fue reconocido como Pérez Díaz.

La causa cayó en manos del juez Bernabé Pirán Basualdo y comenzaron los rumores sobre presuntos vínculos de El Huaso con la Junta de Recuperación Patrimonial, el órgano de la dictadura dedicado a decomisar bienes supuestamente malhabidos en el peronismo. En otras palabras: habría actuado como un sicario.

En ese punto, Pirán Basualdo se dedicó a bloquear cualquier línea de investigación que vinculara al detenido con los servicios. Para marzo de 1958 la causa estaba paralizada. Walsh denunciaría que el magistrado estaba en tratos con Quaranta, que la SIDE tenía acceso al expediente y que un ayudante del General fue autorizado a visitar a Lorenzo.

Avanza la investigación
El fin de la Libertadora, aun con el peronismo proscripto, abrió las compuertas. Arturo Frondizi asumió el 1º de mayo de 1958. El 9 de junio, la revista Mayoría comenzó a publicar una serie de notas de un periodista que, en esa misma publicación, había denunciado la barbarie de los fusilamientos del 56. Al día siguiente, el juez citó a Rodolfo Walsh, que se negó a declarar. En esos días, el periodista denunció movimientos del juez en la compra de autos a precio de lista y el Senado no le dio el acuerdo para seguir en el cargo.

Walsh focalizó en el subjefe de la Policía Federal, el capitán de navío Aldo Luis Molinari, de quien sospechaba la familia Satanowsky. Detrás de este se hallaba un personaje tétrico, su mentor. Próspero Germán Fernández Alvariño se hacía llamar «Capitán Gandhi». Entre otras cosas, estaba obsesionado en demostrar que Juan Duarte había sido asesinado y no dudó en exhumar el cuerpo del hermano de Evita, cortarle la cabeza y tenerla con él en su oficina en el Congreso, tras la caída de Perón. Bien podía ser la mente detrás de los panfletos que buscaban desviar la investigación.

En otra línea de investigación, Walsh llegó a Elsa del Pin de Estévez, La Gallega, una prostituta que al momento del crimen era la pareja de Américo Pérez Gris, agente de la SIDE. La abandonó tres días después del asesinato. Volvió a los seis meses para reclamarle un revolver que ella había vendido. Se fue después de golpearla.

La Gallega habló ante el ofrecimiento de recompensa por parte de los Satanowsky. Contó que, el día del crimen, Pérez Gris le dijo que habían matado a alguien y que él era un sospechoso. El agente había salido en camioneta, esa mañana, acompañado por Ladislao Palacios, acaso el tercer hombre. Palacios fue a buscar a Pérez Gris el 16 y se fueron.

Para Walsh el crimen estaba instigado desde el gobierno militar en base a las acciones de La Razón, El Huaso era uno de los autores materiales y debía investigarse a Quaranta, Molinari y Gandhi.

La comisión
En agosto, comenzó a trabajar en la Cámara de Diputados una comisión investigadora del caso. Walsh se sumó, en su única intervención en un estamento público. Allí también colaboró otro periodista: Rogelio García Lupo. Fue el inicio de una relación que los llevaría a Prensa Latina y al diario de la CGT de los Argentinos.

Quaranta fue designado embajador en Bélgica por Frondizi. Antes de partir declaró ante el titular de la comisión, el diputado radical Agustín Rodríguez Araya. Negó todo responsabilidad y dijo que no creía que La Razón fuera el móvil del homicidio.

En eso entró en escena el revolver que Pérez Gris le había reclamado a La Gallega, el arma que motivara una paliza. Un hombre llamado Marcos Ozanick entregó a los Satanowsky un revolver que, según él, la mujer le había dado en prenda de pago. Para entonces, Pérez Gris, de 37 años, estaba en Paraguay.

Walsh viajó a Asunción como parte de la comisión. Pérez Gris le dijo que lo habían tanteado para matar al presidente Frondizi y admitió haber manejado el vehículo que llevó a Lorenzo y Palacios a la oficina de Satanowsky. Más tarde negó haber estado en Buenos Aires el día del asesinato. Como parte de los sempiternos planteos militares a Frondizi, las Fuerzas Armadas negaron la participación de altos oficiales en el crimen.

El 7 de noviembre, el análisis sobre el arma determinó que fue la usada el 13 de junio de 1957 en la oficina de Satanowsky. La Justicia ordenó detener a Ozanick, el que había entregado el revolver, que se defendió a tiros cuando lo fueron a buscar de madrugada. Casi al mismo tiempo, Quaranta volvió al país y declaró durante cinco horas ante la comisión. Negó saber de las andanzas delictivas de Pérez Gris, aun cuando el sospechoso circulaba con un carnet de la SIDE.

En diciembre, la comisión consideró que los responsables del asesinato tenían vínculos con los organismos de Inteligencia, pero que «no debe pretenderse manchar con este alevoso crimen a la Revolución Libertadora». No estableció móvil ni mencionó a La Razón. Nadie fue a juicio.

El cierre del drama, el que le permitió a Walsh hilvanar sus notas en el libro de 1973, ocurrió en octubre de 1972, cuando desde un auto acribillaron al sereno de un depósito de hojalata en Avellaneda. Tenía 67 años y se llamaba Marcelino Castor Lorenzo, más conocido como El Huaso.

La Razón y los militares
Poco después del crimen, la Justicia había fallado en el litigio del Estado contra Peralta Ramos: La Razón le pertenecía a la familia que había manejado el diario hasta 1946 y no había pruebas de una venta después del golpe del 55.

El Walsh de 1973 alertaba: «La naturaleza exacta de aquel arreglo no se conoce pero es un hecho que a partir de 1957 La Razón guardó lealtad absoluta a un solo patrón: el Ejército y en particular el Servicio de Informaciones del Ejército. Peralta Ramos había encontrado por fin el factor estable de la política argentina, trascendente a los efímeros gobiernos, el amo permanente que venía buscando desde sus coqueteos con el hitlerismo».

Con la democracia restablecida, el periodista planteó sin medias tintas: «En cada crisis política, en los preparativos de cada golpe, La Razón recibió y publicó sin modificaciones el contenido de los sobres que le llegaban del comandante en jefe: el alabado talento editorial de Félix Laíño se limitó a elegir la tipografía catastrófica, la ubicación en primera plana o el título inquietante».

Y cerró así: «La falsificación de documentos que condujo a la ruptura con Cuba, la preparación psicológica para el derrocamiento de Illia, la defensa solapada de las torturas, la cobertura de las masacres de Trelew y Ezeiza, el macartismo y antiperonismo señalaron el encuentro ideal de la prensa capitalista con su meta última de servicio de informaciones para la explotación y la represión».

Tres años después de aparecido el libro, la tarde del 23 de marzo de 1976, La Razón tituló: «Toda está dicho». La volanta decía: «Es inminente el final». Walsh desapareció al año siguiente. En 1978, el diario se sumó a la aventura de Papel Prensa con Clarín y La Nación. Recién se sacó la influencia militar con la asunción de Alfonsín, la salida de Félix Laíño como responsable periodístico y la llegada de Jacobo Timerman (víctima del terrorismo de Estado) como director.

Extraído de Diario Página/12 a través de Señales

Corrientes: Hallan muerta a una periodistas que había recibido amenazas

La periodista Griselda Blanco fue hallada golpeada y estrangulada en su domicilio de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá y por el hecho fue detenido un hombre con el que había formado pareja, aunque la familia sospecha que el crimen pudo haber tenido relación con su actividad laboral, ya que había recibido amenazas.

Este sábado por la madrugada, pasadas las 2 de la mañana, Blanco había hecho una publicación en referencia al caso de Débora Serrano. La periodista denunciaba que su amiga había sufrido mala praxis en el Hospital Civil Fernando Irastroza de Curuzú Cuatiá.

«Justicia por Débora Serrano. Murió en el hospital civil de Curuzí Cuatiá por mala praxis, los culpables que vayan presos, inclusive los directores del hospital. Juntos, unidos, todo el pueblo en busca de justicia y haremos una protesta fuera del hospital de la muerte. Si te sumas, comunicate. Todos por Débora Serrano», fue la última publicación que hizo en su cuenta de Facebook, el viernes, pocas horas antes de su muerte.

Incluso, el viernes por la noche -apenas unas horas antes de que apareciera muerta en su casa- realizó un video en vivo a través de su cuenta de Facebook en el que contó detalles sobre el caso de Débora Serrano y realizó fuertes denuncias contra el personal médico.

En este marco, el hijo de la periodista indicó que: «el cuerpo no fue hallado colgado, que estaba tendido en el piso y que lo encontró un hermano de la víctima». 

Asimismo, detalló que el cuerpo «estaba golpeado, con sangre, moretones en la cara y con indicios de haber sido estrangulada». 

«Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron», declararon sus hijos Lautaro y Fabian Cesani en un posteo de Facebook.

En el marco de la investigación por la muerte de la periodista, este domingo la Policía demoró un hombre llamado Armando Jara, quien fue expareja de la víctima y también periodista. 

Colegas cercanos a la Comunicadora Social y conductora de programas de radio indicaron que Griselda había recibido fuertes amenazas durante los últimos días. Por su parte, el canal 6 de Posadas señaló que Blanco “tenía roces con las autoridades policiales de la ciudad”.

La mujer era una periodista reconocida dentro de la comunidad de Curuzú Cuatiá -tenía más de 5000 seguidores en sus redes sociales- y su muerte generó una fuerte conmoción en los vecinos correntinos.

Blanco se desempeñaba en una radio local, en la que llevaba adelante investigaciones periodísticas sobre temas de la ciudad. Una de las últimas notas que había realizado tenía que ver con un caso de presunta mala praxis tras la muerte de una mujer en el hospital civil Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá.

Muchos ciudadanos escribieron en la cuenta de Facebook de la conductora para pedir justicia, ya no solo por la muerte de Débora Serrano sino por el supuesto crimen de Griselda Blanco. Entre ellos sus propios hijos quienes escribieron: «Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir».

«Nunca dejaste a las personas de bajo recursos sin ayudar siempre solicitaste ayuda para los más necesitados siempre estuviste cuando alguien te escribía pidiéndote algo siempre muy humilde y de gran corazón por esa personalidad que tenías la gente te quería y te apoyaba. Descansa tranquila al lado de Dios y fuerza a tus familiares Griselda Blanco. Que en paz descanses», la despedían en Facebook. Otros también compartían los distintos audios de amenazas que había recibido, y que ella se tomaba con humor.

Los investigadores trabajan para establecer si el hecho de que el cuerpo apareciera colgado de una soga se trató de una escena montada -es la hipótesis principal que manejan- y, en ese caso, confirmar cómo fue la mecánica del presunto homicidio.

Extraído de Agencia Noticias Argentinas, El Litoral a través de Señales

Lanzaron la Federación de Medios Digitales

Este viernes 19 de mayo, se presentó en el auditorio central de INAES la Federación de Medios Digitales, la primera de su tipo en Latinoamérica. La organización es fruto del trabajo articulado de más de 70 medios digitales de todo el país y nació al calor de la lucha por la consolidación del tercer sector de medios sin fines de lucro.

La actividad contó con la presencia del secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Juan Ross; de Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); de Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA; de Pascual Calicchio, secretario general de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual; y de representantes de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios.

«Es una alegría que estemos lanzando la Federación, una herramienta jurídica que representa una conquista y es resultado de la organización que venimos impulsando hace más de tres años», explicó Malena González, flamante secretaria de la Federación, en diálogo con El Grito del Sur. «La Federación nos va a permitir fortalecer al sector en todo el país y seguir instalando nuestros debates y propuestas para mejorar la situación de les trabajadores de medios populares de todo el país», agregó.

Entre las demandas que señaló González, destacan la pelea por la democratización y la federalización de la publicidad oficial, un impuesto que pueda gravar a las plataformas de redes sociales, la aplicación de la Ley Micaela en medios y la concreción de políticas públicas para el sector.

«Hace cuatro años decidimos trabajar de conjunto para llevar lo más lejos posible los niveles de organización e institucionalización de nuestros medios», explicó Facundo Nívolo, fotoperiodista de Zorzal Diario y uno de los referentes de la organización. «Nos cooperativizamos y entendimos que debíamos fundar una Federación», sumó.

«Desde la Ley Audiovisual en adelante, el campo popular se quedó sin agenda para la pluralidad de voces y esto es un problema enorme para la democracia», subrayó Nívolo y concluyó: «La concentración mediática es parte del problema de una democracia herida. Desde los trabajadores y las trabajadoras de los medios autogestivos elaboramos una serie de propuestas y la Federación es una manera de tonificar el sector y dar una discusión política».

Bianca de Toni es la tesorera de la Federación y una de las voces autorizadas para hablar del proceso de organización. «La Federación viene a sintetizar el proceso que venimos dando desde los inicios de la Red: buscar la mejora y la sostenibilidad de nuestros proyectos al tiempo de mejorar las condiciones de trabajo de quienes sostenemos ese proyecto», señaló. «La Federación nos permitirá nuclear el peso que tenemos como red a nivel federal», finalizó de Toni, responsable del medio cordobés Enfant Terrible.

Extraído de El Grito del Sur

Otro canal de Fontevecchia será obligatorio para los cableoperadores

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Gustavo López, brindó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), detalles de la obligatoriedad que entrará en vigencia para las cableoperadoras de transmitir Canal E, la señal de noticias económicas de Perfil.

El directorio votó la aprobación del must carry (obligación de subir la señal en todos los cableoperadores y operadores digitales) con la abstención de Silvana Giudice, representante de la oposición. Sin embargo, la extitular del ENaCom explicó que se debió simplemente a divergencias políticas con la conducción del organismo sobre otros temas que se trataron en el día. Giudice aclaró: «Me parece muy bien que haya un nuevo canal de noticias, que sea de Perfil y que tenga obligación de must carry para poder llegar a toda la Argentina».

Usted mencionó que la intención del ENaCom es aumentar la oferta de telefonía móvil. Ayer aprobaron también que el canal de 24 horas de noticias económicas de Perfil como “mast carry”, es decir, que debe ser sumado a las grillas de las cableoperadoras.

Exacto. Para nosotros esto es muy importante. La televisión se puede ver de manera abierta, que son los canales de televisión tradicionales, analógicos o digitales, pero también existe lo que se denomina señales.

La ley vigente, y el ente regulador, que somos nosotros, establece que determinadas señales sean declaradas como señales de noticias nacionales, de todo el país. Para las cableoperadoras existe la obligación de subir esas señales al cable y a la televisión satelital.

Esto hace a la diversidad y a la pluralidad. Las empresas, por lo general, tienen sus propias producciones. Además de transmitir sus canales, existe la obligación de subir estos canales de noticias.

Como cable, pueden subir o no, a criterio, canales de deportes, de películas, entre otras cosas. Pero para garantizar la mayor diversidad y pluralidad en algo tan importante, como es la libertad de expresión, hacemos cumplir esta ley, que nos permite declarar “canal de noticias” a una señal de televisión, estableciendo la obligación de subirlo.

Ayer votamos aprobar Canal E como “señal nacional de noticias”. Esto implica que haya otra mirada, la mirada editorial que le quiera dar Perfil, como podrá dar la suya LN+, C5N o Canal 26.

El DNU de Macri que modificó la Ley Audiovisual dejó algunas cosas en una nebulosa. Nosotros hemos interpretado que esa obligación del mast carry, es decir de transportar el canal de noticias, es obligación de los cables.

Esto hace a la libertad de expresión hacia la diversidad y la pluralidad, porque le permite al ciudadano recibir mayor información, y después el ciudadano toma la decisión que quiera tomar.

Con ese criterio hemos aprobado este nuevo canal. La obligación ahora de las cableoperadoras es ponerlo en la grilla.

Extraído de Diario Perfil

The New York Times lanza su propia plataforma de audio

El diario The New York Times lanzó este miércoles su propia plataforma de audio con «contenidos exclusivos», bajo el nombre de New York Times Audio, a la que sólo tendrán acceso sus propios suscriptores.

Esta plataforma, disponible solo en iOS, contará con programas exclusivos y constará de contenido seleccionado por periodistas y editores del Times, según indica el medio.

«Estamos encantados de presentar a más personas una nueva forma de experimentar The New York Times», señala en un comunicado Stephanie Preiss, vicepresidenta sénior y gerente general de Audio.

«El periodismo de audio tiene el poder de dar vida a las historias y nuestra aplicación ahora permite a nuestra audiencia llevarse (el diario) con ellos, en paseos con perros, mientras viajan, en momentos en que leer no es una opción», añade.

Por su parte, Paula Szuchman, directora de Audio, destacó uno de los pódcast más populares del diario, «The Daily», que se lanzó en 2017, y dijo que con ese programa «The Times cambió fundamentalmente el mundo de los pódcast, inventando una nueva forma de periodismo de audio».

Estamos «reordenando el ‘statu quo’ una vez más», dijo sin sombra de humildad sobre la nueva plataforma.

New York Times Audio contará con «programas exclusivos» creados para la aplicación y permitirá a los oyentes escuchar un día antes «This American Life».

Además, la aplicación ofrecerá una variedad de artículos narrados por los propios periodistas.

Extraído de la Agencia EFE

México: Familias de periodistas desaparecidos y asesinados crean red para apoyar a sus pares

México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y, precisamente, a raíz del gran número de profesionales de la comunicación desaparecidos y asesinados en ese país, diversas familias crearon una red para apoyarse entre sí, debido al flagelo que viven en común: perder un ser querido.

Guadalupe Ángeles y Tania Valdez tienen un deseo en común: que no exista ni una familia más en México que, como ellas, vivan años de incertidumbre o soledad a causa de la muerte o desaparición de un ser querido de profesión: periodista.

Sin embargo, son conscientes de que es un anhelo utópico y, por eso, decidieron apoyar a otros a través de Tejidos Solidarios, una red nacional mexicana de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos que busca acompañar, guiar y unir a personas que han padecido este flagelo para brindarles fortaleza emocional y psicológica.

Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, una organización mexicana que impulsa la iniciativa y que representa legalmente y acompaña a personas defensoras y periodistas que son agredidos por ejercicio de su labor, así como a sus familias, explicó a la Voz de América que, desde 2020, se habían planteado crear esta red y brindarles herramientas para que pudieran funcionar como un colectivo.

«Esta metodología dio un giro porque nos dimos cuenta que no podíamos pedirles a las familias que se articularan… si no las atendíamos principalmente a ellas en toda la necesidad psicoemocional», explica Sara. A partir de este proceso, agrega, lograron la «construcción» de un colectivo en el que pasaron de «ser víctimas a ser defensoras de derechos humanos».

Captura de pantalla de la nueva plataforma de la Alianza de Medios Mx., que entre otros busca combatir la impunidad en casos de periodistas asesinados y desaparecidos.

Apoyo psicosocial

Según Mendiola, trabajar bajo esta metodología ha cambiado la vida de las familias. Por eso, priorizan el apoyo psicosocial en su labor, puesto que en muy pocos casos reciben este tipo de apoyo por parte del Gobierno.

Es el caso de la familia de Javier Valdez, un periodista asesinado en Culiacán el 15 de mayo del 2017. Su hija Tania relató a la VOA que fue asesinado por «ejercer su libertad de expresión, por publicar cosas que a un bando del narcotráfico no le parecieron».

Su familia, cuenta, ha recibido apoyo gubernamental y protección, a través de los mecanismos encargados, incluso cuando debieron salir de Culiacán. Ella regresó, pero su madre y su hermano aún se encuentran fuera de su tierra. Pero el apoyo psicosocial lo han recibido únicamente por parte de particulares. En su caso, de Propuesta Cívica.

«Cuando tuvimos el primer encuentro, yo me imaginaba que era como un retiro, donde pues tienes que afrontar la pérdida de tu familiar y luego te encuentras con todas estas personas… entonces, es de abrirte con el resto de las familias y saber que hemos pasado por los mismos sentimientos, por los mismos enojos, por las mismas negligencias de las autoridades. Te pone en una balanza… abres tu corazón a ellos, ellos lo abren a ti y encuentras, de repente, encuentras una familia, una familia que pasó por lo mismo que tú, que te entiende, que te abraza», afirma Tania.

Aunque confiesa que han vivido «un proceso largo», dos de los tres autores materiales del asesinato de su padre ya están sentenciados, y esperan la extradición desde Estados Unidos del autor intelectual.

En este sentido, espera que, como ella, otras personas lleguen a la red y pueda retroalimentar toda esa ayuda que ha recibido.

«Con nosotros, van a encontrar esta unión, que no la pueden encontrar en ningún otro lado, porque es un proceso que va más desde lo que sientes adentro, y lo tejes y lo transformas en estos puentes, enlaces… Abres tu corazón para tejer un puente hacia otros estados de otras familias y que va más allá de sólo tomar las calles. Es hacer que la voz de justicia, de exigencia de justicia sea aún mayor de lo que ya hay», afirma la joven.

Una expectativa que comparte Guadalupe Ángeles Méndez, hija del periodista Ramón Ángeles, desaparecido el 6 de abril de 2010 en Michoacán.

«No hemos tenido ninguna noticia de él, ningún anuncio, nada. Solamente se han hecho como algunas acciones, como levantar documentos de búsqueda o algo, pero sin ningún resultado», contó la joven de 30 años a la VOA.

Según ella, lo ideal sería no tener más familias que acompañar a causa de un asesinato o desaparición, pero sí guarda «la esperanza en que algo va a cambiar, de que se va a tener alguna información del paradero» de su padre, y de poder guiar a otros a sobrellevar esta situación, así como ellos han recibido asesoría de Propuesta Cívica «para poder entender mejor el proceso, el proceso social y el proceso personal que lleva a la desaparición».

Otros propósitos

Sara Mendiola asegura que otro de los objetivos de la red es «generar una incidencia colectiva ante las autoridades para exigencia de justicia, conocimiento, la verdad», incidir en la construcción de procesos de reparación integral para las familias víctimas, hacer alianzas estratégicas con otras organizaciones.

Para las familias que necesitan apoyo legal, se busca canalizarlas con organizaciones que puedan representarlas legalmente. Así, como generar alianzas que las acerquen a las autoridades para facilitar conseguir las medidas de protección y prevención.

Si necesitan medidas de asistencia social, «la red lo que busca es identificar a las familias, identificar las necesidades y, a partir de ahí, construir planes y apoyo integral, a través de diversas articulaciones, tanto con actores de instituciones del Estado mexicano como organizaciones civiles, principalmente organismos internacionales», explicó Sara a la VOA.

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La red está mayoritariamente constituida por mujeres: esposas, hermanas e hijas de periodistas asesinados y desaparecidos. En este momento, son siete núcleos familiares que se encuentran a lo largo y ancho de México: Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y, próximamente, Veracruz.

Principales retos

«Los retos más grandes es hacer defensa de derechos humanos en un contexto como el mexicano», dice Mendiola.

México es uno de los países más mortíferos para la prensa. Según Reporteros Sin Fronteras, México se mantuvo, en 2022 y por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los periodistas, con 11 profesionales asesinados. El informe de este año recalca que es el país que registra el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo (28 en 20 años).

El director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, una organización de defensa de los derechos a la información y la libertad de expresión con sede en Londres, le dijo el año pasado a la VOA que el 98 % de los crímenes contra los periodistas en México se mantienen impunes.

A pesar de este panorama, asegura Mendiola, «la Red son familias muy valientes porque están haciendo una defensa de los derechos humanos en un país muy riesgoso y bueno, propuesta cívica planea permanecer con ellas apoyándolas en todo lo que ellas se requieran y seguir representando los casos».

En este sentido, insiste, Tejidos Solidarios debe fortalecerse con herramientas de autocuidado, de autoprotección, para que puedan transmitir sus conocimientos. Los otros desafíos, añade Sara, serán consolidarse en todo el país y lograr apoyo financiero.

Según Tania, «lo triste» es que se van a sumar más familias. No obstante, espera que estas puedan unir «fuerzas» para que las autoridades se enfoquen lo que es realmente importante: «No es sólo darnos dinero para renta o alimentos. Es más allá, dónde está lo humano, dónde está este trauma, cómo procesamos ese trauma porque no es sólo con dinero, no sólo con que te den una vivienda y alimentos, no. Va mucho más allá».

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Para Guadalupe, esta red «va a hacer notar a todos aquellos que viven en silencio», porque, como ella, lo han «gritado» con «miedo, con angustia», pero con las «expectativas de que algo cambie», afirma.

Además, está convencida de que hay mucha negligencia en los casos periodistas y personas desaparecidas o asesinadas: «Nadie hace nada». Entonces, el acompañamiento les permitirá entender que «no están solos… que sí, el peligro va a estar, pero que hay alguien que los va a acompañar en su proceso de duelo, en sus procesos de dolor, en sus procesos de miedo y en sus procesos jurídicos».

Extraído de la Voz de América

Vice Media Group se declara en bancarrota. El último gran revés para los medios digitales

Vice Media Group, propietaria de medios digitales como Vice, Motherboard o Refinery29, ha solicitado oficialmente la bancarrota después de un año buscando comprador y tras conocerse a comienzos de este mes, según inform´o en su momento The New York Times, que estaba preparando el proceso. 

La declaración de bancarrota resulte probablemente en la venta de la compañía a un consorcio de prestamistas que incluye a Fortress Investment Group, Soros Fund Management y Monroe Capital. Este grupo de entidades pagaría 225 millones de dólares en forma de oferta de crédito por la mayoría de los activos de Vice Media, así como por la asunción de pasivos en el momento del cierre. 

Los prestamistas aportarán 20 millones de dólares para que Vice continúe su actividad durante el proceso

La oferta del consorcio incluye un compromiso de 20 millones de dólares en efectivo para permitir que las operaciones de Vice continúen durante todo el proceso de venta, el cual se espera que concluya dentro de dos o tres meses, tal y como ha compartido la compañía. Las marcas Vice News, Vice TV, Pulse Films, Virtue, Refinery29 e i-D, continuarán operando, mientras que sus entidades internacionales y la empresa conjunta de Vice TV con A&E no forman parte de la solicitud de bancarrota.

Con todo, la oferta presentada fija un precio mínimo para hacerse con el control del grupo, pero el proceso contempla la posibilidad de que otras partes presenten propuestas. En caso de que otros interesados hicieran sus ofertas, el tribunal concursal organizaría una subasta con intención de encontrar la oferta más alta y de mayor valor.

“Este proceso acelerado de venta supervisado por los tribunales fortalecerá a la empresa y posicionará a Vice para un crecimiento a largo plazo, salvaguardando así el tipo de periodismo auténtico y creación de contenido que hace de Vice una marca tan confiable para los jóvenes y un socio tan valioso para las marcas y las agencias. y plataformas”, han comentado Bruce Dixon y Hozefa Lokhandwala, Co-CEOs de la firma, en un comunicado. 

Y añaden: «Tendremos nuevos propietarios, una estructura de capital simplificada y la capacidad de operar sin los pasivos heredados que han estado agobiando nuestro negocio. Esperamos completar el proceso de venta en los próximos dos o tres meses y trazar un plan saludable y exitoso para Vice».

Vice, que comenzó como una revista punk en la ciudad de Montreal hace casi tres décadas, se expandió a los medios digitales y la televisión mediante acuerdos con empresas como Sky y HBO

Una quiebra anunciada

Todo esto se alinearía con la información recogida por este medio hace unos días, que señalaba que en caso de quiebra, Fortress Investment Group, tenedor de la deuda de Vice, podría terminar controlando la empresa. A este respecto, Vice continuaría operando con normalidad y realizaría una subasta para vender la compañía durante un período de 45 días, con Fortress ocupando la primera posición como el comprador más probable.

«Vice Media Group se ha involucrado en una evaluación integral de alternativas estratégicas y planificación. La compañía, su directorio y las partes interesadas continúan enfocándose en encontrar el mejor camino para la compañía», comentaron desde Vice en un comunicado enviado a medios por correo electrónico.

Vice Media ha estado buscando activamente un comprador durante más de un año y hasta cinco empresas habrían mostrado interés en adquirir el grupo. La venta podría haber evitado la bancarrota, aunque los expertos apuntaban a que la probabilidad de que esto sucediera era baja. Según The Guardian, la compañía ha estado buscando la venta a un precio de alrededor de 1.500 millones de dólares.

En 2017, tras una ronda de financiación liderada por la firma de capital privado TPG, Vice Media alcanzó un valor de 5.700 millones de dólares, cifra que se habría visto considerablemente reducida en los últimos años. Entre sus inversores, cuenta con  Disney, la cual habría explorado la posibilidad de adquirir la compañía en 2015 por 3.000 millones de dólares. Sin embargo, en 2019 señaló que su inversión de 400 millones en Vice careció de valor. 

La declaración en bancarrota de Vice se da a conocer después de que la compañía anunciara el cierre de Vice World News y la cancelación de su popular programa “Vice News Tonight”, como parte de un esfuerzo de reestructuración que podría resultar, además, en despidos de empleados. Además, el pasado mes de febrero, Nancy Dubuc, que ejercía como Directora Ejecutiva desde 2018, anunció su salida. 

Vice nació hace casi tres décadas en Montreal como una revista de carácter alternativo y tono disruptivo, enfocado principalmente a los jóvenes. Con el paso del tiempo, se expandió hacia los medios digitales y la televisión, cerrando acuerdos con compañías como Sky y HBO. Junto a BuzzFeed, protagonizó una generación de nuevos medios de comunicación que estuvieron llamados a suplantar a los tradicionales, pero que han sucumbido ante los desafíos recientes de los negocios digitales.

Extraído de Reason Why

En la Universidad de La Plata repudiaron la presencia de Fantino diciendo que «es la referencia del periodismo como mercancía»

Al enterarnos que el día miércoles 17 de mayo a las 14 horas, la agrupación estudiantil «Nueva Generación» organizó una charla con el Sr. Alejandro Fantino en nuestra Facultad, queremos señalar que su presencia no es bienvenida. Más allá de gozar de total libertad para concurrir a nuestra casa de estudios –derecho que la Universidad Pública garantiza a todo ciudadano/a/e– y para ejercer su derecho a comunicarse, creemos que nuestra Facultad también tiene el derecho a dejar en clara su propia opinión.

El Sr. Fantino representa las modalidades de ejercicio de la práctica del periodismo que repudiamos profundamente.

Desde su rol en la conducción de programas con evidente sentido patriarcal y machista hasta su protagónica participación en operaciones de prensa en la modalidad lawfare contra líderes y liderezas populares y con discurso de odio contra minorías y diversidades. Por ejemplo, también, su participación en el encuentro anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se llevó a cabo en el marco del 200° aniversario de las relaciones bilaterales entre ambos países, con un espacio denominado Conversaciones AmCham: ciclo «Protagonistas políticos», donde entrevistó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich..

Asimismo, en lo que respecta al periodismo deportivo en el que ha ejercido con prácticas hegémonicas adhiriendo a discursos con intenciones políticas y económicas, y como se mencionó anteriormente, con modos machistas haciendo oídos sordos al avance de las mujeres en esa profesión.

En una Facultad que se enorgullece de contar con la tradición periodística e investigativa de grandes periodistas y comunicadores/as – Rodolfo Walsh, García Lupo, Gregorio Selser, Jorge Masetti; y que además tiene un compromiso de décadas con el derecho a la comunicación como derecho humano, la presencia de una referencia del periodismo como mercancía no puede menos que resultarnos non grata.

Extraído de Señales