El Día de la Radio en medio de la lucha por defender nuestros puestos de trabajo

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Siempre hay un jornada que se destina a recordar algún hecho que nos conjuga a todos en una misma voz. Si de voces se trata, el momento indicado para traer desde el pasado en este espacio que nos une a todos los trabajadores de la radio es aquella  noche del 27 de agosto de 1920 cuando Enrique Telémaco Susini, junto a sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dio inicio, no sólo a la radiofonía argentina sino también a la mundial, cuando transmitieron desde la terraza del Teatro Coliseo la ópera Parsifal.

De allí hasta nuestros días pasaron miles de cosas. Este medio de comunicación se posicionó como el primer enlace entre los seres humanos en el planeta. La imprenta, que había incorporado a su formato primigenio del libro el de la prensa escrita, no permitía la inmediatez que la amplitud modulada llevaba a todos los hogares a través de sus receptores. La frecuencia modulada se incorporó luego con un ideal musical que más tarde se fue convirtiendo en un híbrido de palabras y canciones.

El cuerpo de esa primera red que empezó a interactuar con sus oyentes se conformó entre conductores, locutores, periodistas y operadores técnicos, ente otros y sin importar el orden de presentación. Si alguno de ellos no estuviera presente en la columna vertebral de esta estructura la misma se desmoronaría sin más. La regulación legal de este formato que revolucionó la forma de comunicarnos fue generando normativas que asignaron las frecuencias al Estado, por ser este el órgano de control del espectro radioeléctrico. Sin embargo la integración con el sector privado cada vez se fue incrementando más, y con ello la necesidad de tener que ampliar los espacios para la inmensa cantidad de señales de FMs, y luego AMs zonales, que se fueron creando a partir de los años ’80.

Desde el principio, ese proceso también requirió que surgieran simultáneamente las organizaciones gremiales que protegieran los derechos de cada uno de los trabajadores. La puga de intereses, como en cualquier otro ámbito, se fue incrementando a medida que las emisoras se volvieron cada vez más rentables y los modos de otorgar licencias a empresarios o grupos, que inclusive no provenían de las comunicaciones, se fue flexibilizando con celeridad.

Este panorama, sumado a la crisis que fue surgiendo en muchos de los sindicatos que de a poco se convirtieron en cascaras vacías, nidos de burócratas que pasaron a negociar los derechos de sus representados, plantearon la necesidad de generar una herramienta gremial que volviera a cumplir su función. Desde el Plenario de Delegados Autoconvocados de prensa escrita, radial y televisiva, que empezó a germinar allá por 2012, se pergeñó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hoy una realidad y del que La Interradial forma parte, siendo un fiel reflejo de la intensa lucha que se está llevando adelante en cada empresa para proteger los puestos de trabajo, que atraviesan la peor situación de la que se tenga memoria, y también para que se vuelvan a respetar los convenios, estatutos y leyes que nos amparan de los abusos que la voluntad de ponernos como variable de ajuste nos coloca a merced de una sistemática mezquindad de propietarios, que además gozan de una impunidad sin precedentes a la hora de constituir sociedades financieras fantasmas que lucran sin escrúpulos y desaparecen sin ser condenadas por la Justicia y menos controladas por los organismos estatales.

Este Día de la Radio nos encuentra en una pelea cotidiana y sin descanso para frenar la estampida de despidos y achiques que dan como resultado el hecho de que desde hace ocho meses se pierdan seis puestos laborales de colegas de prensa cada 24 horas. Un promedio escalofriante que registra cerca de unas 5 mil desvinculaciones que se dieron en el marco de vaciamientos y desguaces a gran escala, quiebras fraudulentas, pasamanos entre reconocidos (o desconocidos) testaferros con sus respectivas secuencias interminables de retiros voluntarios obligatorios.

Más allá de estos embates del sector privado, que en complicidad con administraciones gubernamentales que les dan zonas liberadas para avanzar sobre nuestras conquistas, seguimos haciendo frente a cada conflicto, a cada estocada, y a cada golpe que pretende dejarnos fuera de juego. Las fotos que grafican esta nota especial lo demuestran. La selección quiere hacer foco en recordarnos a todos y cada uno de los que pretendemos lo mismo, es decir que simplemente se respeten nuestros derechos laborales, que solamente la unidad nos garantiza seguir en pie contra cada hecho de injusticia, que además debe despertar la inmediata respuesta comprometida con el provecho general por sobre el individual.

La Interradial/SiPreBA los abraza en esta jornada tan particular, e invita a sumar fuerzas para atravesar este duro momento del que tenemos, antes que nada, aprender a enfrentar a quienes pretenden atropellar nuestra voluntad de acción y dignidad. En la organización conjunta y permanente, la solidaridad y el mutuo entendimiento por sobre los matices vamos a arribar a buen puerto y a recuperar décadas de haber permitido erróneamente que se nos menospreciara y transformara en meros observadores pasivos de un esquema de explotación que se quiere legitimar y naturalizar para el beneficio de unos pocos, esos pocos a los que precisamente les interesa muy poco que cumplamos con nuestra tarea de comunicar, de informar, de hacer circular lo que va contra sus avaros y sombríos intereses.

Trabajadores de Canal 7 denuncian una operación mediática y política para mudar la señal

CANAL 7

Luego de la operación mediática que intenta imponer la idea de una posible mudanza de la Televisión Pública Argentina, como la bautizó la administración de Cambiemos, de su histórica ubicación en Barrio Parque a Tecnópolis, la Comisión Interna de la señal salió con un documento esclarecedor a aclarar el tema. Lo trancribimos:

En los últimos días se ha desatado una alevosa e indisimulada campaña de alta intensidad en los principales medios concentrados para instalar la idea de que se vive en la Televisión Pública un estado de descontrol y derroche de fondos públicos para justificar su eventual traslado a Tecnópolis, dejando al único canal del Estado argentino, y el único con alcance en todo el territorio nacional por aire y en forma gratuita, en una eventual situación de desguace y pérdida irreversible de sus capacidades técnicas y profesionales, lo que implicaría un grave retroceso para el conjunto de la sociedad en materia de democracia informativa y cultural.

Esta campaña cuenta, aparentemente con el aval de sectores del gobierno, y se inició con la escandalosa difusión de una noticia inventada, en un artículo publicado el martes 23 de agosto en la edición online del diario Perfil, firmado por Gustavo González. No se trata de un redactor más del grupo de medios propiedad de Jorge Fontevecchia, sino del ex director de la revista Noticias y actual director periodístico de Editorial Perfil, mano derecha de su dueño. La endeble y balbuceante redacción del artículo, su imprecisión y carácter ficcional, que ni siquiera se tolerarían en un estudiante de periodismo, indican a las claras que González no llegó al lugar que ocupa precisamente por sus capacidades de escritura o investigación periodística, sino por la evidente disponibilidad servil para hacer lo que le ordenen. La operación se completó cuando la “noticia” del supuesto “okupa” fue reproducida en reiteradas oportunidades por los noticieros centrales de Canal 13 y América TV, TN y el diario Clarín, entre otros medios.

En el artículo de Perfil.com se sostiene que los camarines del área del Noticiero se destinaban a “estadías más o menos prolongadas y a guardar trastos viejos”, que el gerente de Noticias, Néstor Sclauzero, se encontró en uno de estos camarines con “un inquilino” que “vivía desde hace meses en el lugar”, un empleado del canal instalado de forma permanente allí, y se busca hacer creer a la opinión pública que existe en el canal, como asegura la nota con pretendida y fracasada ironía, una “tradición de dar servicio de vivienda a algunos empleados.” Estas afirmaciones mentirosas e intencionadas se completan con la caracterización de las condiciones laborales de los trabajadores de la Televisión Pública como privilegiadas, cuando en realidad se ajustan estrictamente a los convenios laborales existentes y a actualizaciones por paritarias, acordes con el resto de la industria televisiva. Dada la gravedad de la operación, y siendo el propio gerente de Noticias de la TV Pública a quien Perfil.com presenta como fuente, solicitamos que él mismo explique la situación real públicamente.

Las intenciones del sirviente de Fontevecchia, como parte de esta campaña para demonizar a la Televisión Pública y a sus periodistas y técnicos, están a la vista: preparar el terreno para la destrucción del canal del Estado, la precarización laboral y el eventual despido de sus trabajadores, a la par que habilitar un negocio inmobiliario de carácter multimillonario, que ya se anuncia desembozadamente presentando el cálculo del valor de los “terrenos” en una de las zonas más codiciadas de Buenos Aires y anunciando la expectativa de “desarrolladores”, ansiosos por echar mano de esta “oportunidad” que está siendo creada a su medida, y a la vista de todos, impulsando el remate y liquidación de un patrimonio tangible e intangible de toda la sociedad.

No es casualidad que la operación se haya concretado unas pocas horas antes de que sectores del gobierno comiencen a anunciar un posible traslado del canal público al predio de Tecnópolis, un proyecto que desde lo comunicacional, periodístico, televisivo y profesional carece de sustento alguno, y que implicaría un costo descomunal para el Estado Nacional, cuando nuestro país tiene necesidades mucho más urgentes y acuciantes que construir un “polo cultural” en el Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa de la pantalla pública históricamente ha sido nuestra principal preocupación. Durante distintas gestiones, desde el menemismo al kirchnerismo, pasando por el gobierno de la Alianza, denunciamos irregularidades e intentos de censura, defendimos el carácter plural y democrático de la Televisión Pública, pusimos el cuerpo e hipotecamos nuestras propias casas y sueldos para que no se privatice en los años `90 y fuimos críticos de todas las administraciones, incluyendo al anterior gobierno, que pretendieron utilizar el Noticiero de la pantalla del Estado para fines partidarios, como puede observarse en cada uno de nuestros comunicados e intervenciones públicas.

Desde la coherencia y una conducta histórica es que en esta oportunidad advertimos a la opinión pública de esta torpe operación mediática que no ataca solo a los trabajadores de la TV Pública y al Sistema Nacional de Medios Públicos, sino al conjunto de la sociedad y su derecho inalienable a una información plural y democrática. Este derecho también es cultura. Y no tiene precio.

COMISIÓN INTERNA

Y TRABAJADORES DEL NOTICIERO

DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA”

Más ruidazos en la redacción de Clarín porque #ElSueldoNoAlcanza

RUIDAZO EN CLARÍN

La situación de los trabajadores de Clarín sigue siendo compleja debido a que como muy bien sintetiza el hashtag que están usando para hacer sentir su reclamo #ElSueldoNoAlcanza. Hace unos días la propia Comisión Interna de AGEA explicaba como el proyecto, supuestamente innovador en la redacción del matutino, no se trata más que de una intensa serie de recortes.

La paupérrima paritaria que han firmado las cámaras patronales y la UTPBA, con la anuencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, no supera el 25 por ciento de aumento mientras actualmente la inflación calculada a nivel interanual es del 45 %. Esto pone en jaque la posibilidad de que los compañeros de Prensa Escrita, como también denunció la C.G.I. de Página 12, puedan tener un sueldo digno.

Por eso se intensificaron las manifestaciones en el lugar de trabajo de los empleados de Clarín que organizaron ruidazos con aplausos y cacerolas para que la empresa abra un canal de diálogo y así poder solucionar esta grave crisis salarial.

La Interradial/SiPreBA respalda la lucha legítima de los colegas, que al igual que muchos otros, están atravesando por situaciones similares en radios y TV, y que encima suman a la problemática la continuidad de despidos masivos.

El SiPreBA repudia la agresión sufrida por un periodista de Canal 13 en un vuelo a Santa Cruz

NACHO OTERO

Ante la requisitoria periodística de Ignacio Otero, del equipo de Periodismo Para Todos a la ex procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, su esposo, Eduardo Enrique Mengarelli, director general del Boletín Oficial e Imprenta de la provincia, reaccionó a los golpes.

Tras la cobarde agresión, el violento, tal como lo muestra el registro fílmico del hecho, insultó y amenazó al trabajador de prensa y buscó intimidar al productor ejecutivo, Maximiliano Heiderscheid, al decirle: “No sabés lo que te espera”.

Reproducimos el comunicado de la Comisión Interna de delegados de Canal 13 y TN:

Repudiamos la agresión sufrida por nuestros compañeros Ignacio Otero, Maximiliano Heiderscheid y Mario Peredo en un vuelo de Buenos Aires a Río Gallegos por parte de los funcionarios de Santa Cruz, Angelina Abonna y su marido Enrique Mengarelli.

Cuando nuestro compañero cronista Ignacio Otero intentó preguntar a Abonna sobre su supuesta vinculación con los “Cristileaks” Mengarelli increpó y golpeó en el rostro a nuestro compañero y amenazó a todo el equipo.

Rechazamos toda intención de obstaculizar nuestro trabajo limitando el derecho a informar.

Comisión Interna de delegados de prensa de Canal13/TN

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires expresa su más enérgico rechazo a todo tipo de ataque que pretenda amedrentar y limitar la tarea periodística, consagrada en los estatutos y convenios que rigen la actividad, y ratificada en acuerdos internacionales.

Asimismo, exige a las autoridades competentes que garanticen el pleno desempeño de las tareas de las y los compañeros haciendo cumplir la normativa vigente.

Szpolski no fue al Congreso, se supo que recibió pauta de Cambiemos y Garfunkel tuitea

GARFUNKEL SZPOLSKI2

REMO CARLOSTTO SIN SZOLSKI

PAUTA OFICIAL MACRISTA2

Las alternativas de lo que fue el vaciamiento del Grupo 23 que dejó en la calle a 800 familias y un tendal de delitos comunes y federales no dejan de sorprender. Pese a las denuncias de la diputada nacional Elisa Carrió contra Sergio Szpolski y sus accionistas vinculados a la AFI por “insolvencia fiscal fraudulenta, simulación dolosa de pago y/o alteración dolosa de registros”, y las del fiscal Guerberoff por evadir aportes previsionales y cargas sociales de los trabajadores, todo sigue su camino de impunidad y de incompatibilidades desde la Justicia y el mismo Estado.

Ayer Szpolski pegó el faltazo en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados donde había sido citado para que diera explicaciones por “la compleja situación en que se encuentran los medios del Grupo 23 que encabezaba”. De todos modos el ex titular de ese holding desguazado no se hizo presente y hasta se animó a declinar la invitación enviando una nota con su firma al presidente del cuerpo donde escribió con sorna “Por medio de la presente le agradezco la invitación a la reunión de la comisión que Ud. preside, sin embargo amablemente declinaré, participar de la misma, en esta oportunidad”.

En su ausencia el órgano legislativo presentó un informe basado en datos oficiales sobre la distribución de la pauta oficial que hace desde el 10 de diciembre el gobierno de la Alianza Cambiemos que preside Mauricio Macri. En el mismo queda expuesto que la nueva administración, más allá de las críticas que hizo y hace sobre el pago de propaganda estatal, a como manifestó el propio presidente de la Nación, “empresarios inescrupulosos”, continuó otorgando a tres empresas del G-23 que forman parte del fraude laboral. Ellas son Balkbrug (Tiempo Argentino), Desup (Radio América), Orleix (El Argentino Zona Norte, Sur y Mar del Plata), las cuales cobraron $ 7.244.655 desde la asunción del mandatario del PRO, y siguió hasta el 21 de junio de este año.

Como si todo esto fuera poco, desde Miami, el ex socio del conglomerado que encabezaba SS, Matías Garfunkel, no tuvo mejor idea que a modo de provocación, subir fotos hot de su esposa, la modelo Victoria Vanucci, quien en abril de este año desde ese autoexilio defendió a su marido e hizo referencia a amenazas que toda su familia recibiría desde los hombres vinculados a los servicios de inteligencia que formaban parte del entramado del holding, nos referimos a Darío Richarte y Juan José Gallea.

Ya el pasado 18 de agosto el heredero del emporio que tuvo entre sus filas firmas millonarias como BGH, FATE y ALUAR, entre otras, celebraba por la red del pajarito las imputaciones a Szpolski, su ex chofer Ricardo Pace y Mario Pergolini por la causa ya nombrada.

La realidad es que mientras se suceden estos hechos insólitos, sigue habiendo 800 trabajadores que se encuentran sin cobrar salarios desde hace nueve meses. En este tiempo, se convirtieron en protagonistas de un proceso de lucha que permitió reconvertir y sostener, a través de cooperativas, Tiempo Argentino e Infonews, y comenzar en Radio América un proceso de normalización a partir de la llegada de un representante del ENACOM. En los tres casos, con resultados periodísticos de contundente calidad y pluralidad informativa.

Esos compañeros reciben el respaldo absoluto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), mientras continúan bregando por la asistencia estatal del Ministerio de Trabajo y el Ente Nacional de Comunicación que tidavía retaceando soluciones y también ha impedido que se ejecutaran los embargos logrados en la Justicia por los colegas de la AM 1190 y Tiempo.

Le exigimos al Estado que se convierta en el garante del sostenimiento de los trabajadores de prensa despedidos y no, como sucede, en la herramienta que asegure el blindaje de sus vaciadores.

Szpolski citado a diputados por vaciamiento del G-23 y prisión a Martínez Rojas por Estafa

SZPOSLKI MARTÍNEZ ROJAS

Sergio Szpolski sigue recibiendo acusaciones e imputaciones judiciales como la de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió y la reciente del fiscal Guerberoff, pero aún permanece impune y hasta manteniendo junto a sus accionistas vinculados a la AFI (ex SIDE), participación en alguno de los medios que tenía bajo su ala en el vaciado Grupo 23. Uno de ellos es CN23, en su mayoría perteneciente al Grupo Indalo Media de Cristóbal López-Fabián de Souza, y convertido en una señal netamente bonaerense que hasta fue retirado de la grilla de canales de noticias de Telecentro, la cablera de Alberto Pierri, otro de los dueños de empresas mediáticas como Canal 26 que no deja de despedir trabajadores.

Esta vez, en base a la presión de las más de 800 familias que quedaron en la calle luego del desguace del holding que se solventó desde el principio y hasta el final con pauta oficial, Szpolski fue convocado por la Comisión de Libertad de Expresión esta tarde a las 15.

Ese órgano legislativo está presidido por el diputado del Frente para la Victoria Remo Carlotto y tiene como vicepresidentes a la radical Karina Banfi. También la integra el titular del gremio de los Canillitas, el legislador nacional, Omar Plaini.

Se espera que el citado concurra para informar acerca de “la compleja situación en que se encuentran los medios del Grupo 23 que encabezaba”, y además se presentará un informe sobre la publicidad oficial elaborado por el cuerpo. La Comisión está preparando un informe sobre el mapa de medios de comunicación.

Por su parte, Juan Mariano Martínez Rojas, la persona que puso su nombre para decir lo que nunca demostró, que era quien había comprado Radio América y Tiempo Argentino y permanece usurpando la planta transmisora de la AM 1190 sin que el Juez Federal  haga nada, fue procesado con prisión preventiva por la justicia correntina debido a una estafa que realizó con la venta de un auto de alta gama y el libramiento de cheques sin fondos.

A pesar de que el 4 de julio este personaje del esquema rentístico que tiene como cara visible a Szpolski y detrás a los servicios de inteligencia, atacara con un grupo de tareas las instalaciones de la emisora y del matutino en Amenabar 23, el procesamiento le llega por delitos menores que fueron dictados por el juez de instrucción de la cuarta nominación de Corrientes, Leandro Andrés Maciel. Causa que se inició por una denuncia del arquitecto Hugo Sotelo Bertschinger.

Según informó a Télam el abogado querellante, Néstor Irazusta, el procesamiento alcanza también a la madre y la pareja de Martínez Rojas, María Sara Rojas de Martínez y María Inés Mozatti de Martinez Rojas, respectivamente, como partícipes primarias.

Las tres prisiones preventivas no se harán efectivas por una resolución de eximición de prisión dictada en 2013, informó el letrado.

Sotelo Bertschinger “había comprado un auto de alta gama y Rojas le ofreció vendérselo, pero le sacó el auto y nunca le pagó; es más, lo vendió en Buenos Aires sin su consentimiento”, afirmó su abogado.

Irazusta agregó que “se intentó certificar el formulario 08 en contra de su voluntad, hasta que finalmente se secuestró el auto en Corrientes, por orden del fiscal de instrucción Buenaventura Duarte”, y precisó que el vehículo “era conducido por una persona de Desimoni”.

Asimismo, destacó que “también madre y esposa de Rojas le dieron varios cheques sin fondo de una sociedad llamada Grupo Norte S.R.L., donde el vicepresidente era su hermano, que no pudo ser procesado porque se descubrió que es discapacitado”.

“Los cheques rondarían los 100.000 pesos, pero esa sociedad entregó a otras personas cheques sin fondo por un total cercano a los 4.000.000 de pesos”, precisó el letrado y aclaró que “hoy esa S.R.L. ya no existe más”.

Mientras tanto se sigue esperando que ocurra algo con las acciones judiciales que se presentaron contra Martínez Rojas por usurpación, daños y destrozos y por considerar esos hechos como Delitos Federales.

El SiPreBA acompaña a la FATPREN en su reclamo salarial frente a ADIRA

FATPREN ADIRA

El SiPreBA respalda a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa que ya el pasado 16 de agosto  se reunió en paritarias con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) a quien se le exigió nuevamente un aumento salarial del 30 por ciento, de acuerdo a lo convenido en el primer semestre.

Sin embargo, la representación de ADIRA pidió dilatar la reunión hasta el 25 de agosto para efectuar una “contra propuesta”, que ya es sabido, no se efectuará.

Por eso hoy la FATPREN acompañada por nuestra organización llamó a una jornada de protesta ante la falta de propuesta en la segunda reunión paritaria por parte de la cámara patronal, que no quiere aceptar el justo reclamo.
En ese sentido, se convocó a todxs los trabajadores de prensa de la región en el monumento a José Luis Cabezas (Plaza San Martín) de La Plata y movilizó a las puertas del diario El Día, cuyo dueño, Raúl Kraiselburd, es vicepresidente de ADIRA.

Hay que recordar que en anteriores negociaciones salariales, ADIRA rechazó la modificación de Zona Patagónica poniendo como excusa no poder afrontar estos costos, sin embargo los salarios de lxs trabajadorxs están por debajo de los aumentos tarifarios que implementó el gobierno nacional. La FATPREN exige un adicional para las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, del 40% sobre los sueldos básicos, y la modificación de los porcentajes para Chubut (60%), Santa Cruz (80%) y Tierra del Fuego (100%).

FATPREN siguen en estado de alerta, movilización y asamblea permanente en todos los medios de comunicación que pagan el CCT N° 541.

En Página/12 Víctor Santa María pretende pagar la peor paritaria del país

PÁGINA 12 RECLAMO AUMENTO

En junio pasado, cuando Página/12 quedó en manos del holding de medios que encabeza el secretario general de los encargados de edificios desde el Grupo Octubre, Víctor Santa María, hacíamos un repaso por la situación que se podía llegar a imponer en el matutino, visto y considerando sus antecedentes en la AM 750, también en manos del titular del PJ porteño. El 28 de ese mismo mes reiterábamos el reclamo, absolutamente legítimo, de los colegas para que les otorgaran una suba salarial, ya que la negociación salarial que encaró la burocracia sindical de la UTPBA junto a las cámara patronales y la complicidad del Ministerio de Trabajo dio como resultado la peor paritarias de la prensa escrita. Ahora los asalariados del diario reiteran sus pedidos mediante este comunicado que transmite nuestra organización social, el SiPreBA:

Denuncian que la empresa que integra el Grupo Octubre, de Víctor Santa María, pretende pagar la peor paritaria del país, que firmó junto a Clarín, La Nación y Perfil con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (utpba).

A través de una pieza audiovisual, con el fondo musical de Alfredo Zitarrosa y su obra “Vea patrón”, reflejan -con información que publica el medio para el cual trabajan y los propios tweets del presidente del Grupo- el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, a saber:

“Desde que asumió Mauricio Macri los salarios perdieron el 9,9% de su capacidad de compra” (datos del Instituto Estadístico de los Trabajadores)

“Víctor Santa María: La inflación interanual junio 2015/2016 de los trabajadores es del 46% y 52,6%en el sector de menores ingresos”

“Víctor Santa María: La inflación mensual de junio fue de 2,7%. Caída del Salario Noviembre 2015-Junio 2016 fue del 9,9% #IET”

“Variación interanual de vivienda y servicios: +77,3% Junio 2015/ 2016 #IET”

“Víctor Santa María al diario Clarín: Nosotros aceptamos el pedido de Mauricio Macri de cerrar paritarias semestrales al 25%, el tema es que hoy por hoy la inflación interanual está en torno al 45% y eso es preocupante”. Al respecto, los y las compañeras dicen compartir “-desde otro lugar- la preocupación de Santa María” y aclaran que “el aumento que pretende pagar en Página 12 es peor que el de los encargados de edificios” (utpba: 24,9% anual vs. SUTERH: 25% semestral”.

El vídeo concluye con una apelación clara: “Exigimos una recomposición salarial acorde a la inflación”.

Clarín habla de innovación en su redacción pero en realidad se trata de recortes

CLARÍN REDACCIÓN

Las empresas de comunicación insisten en imponer el engañoso y precarizador esquema de convergencias y multitareas en medios escritos, radiales y televisivos. Estos son publicitados por las propias firmas en notas dónde se los muestra como la panacea del uso de las nuevas tecnologías en la era digital. Eso hizo el diario Clarín cuando la semana pasada anunció un proceso de transformación en su redacción, que en teoría propone una nueva organización innovadora para “mantener su liderazgo y audiencia”.

En la nota sin firma el matutino omite la otra cara de este mecanismo que trae aparejados recortes y problemáticas que los trabajadores denunciaron en el blog oficial de la Comisión Interna y que les reproducimos en este sitio:

Más recortes nos empujan al periodismo de escritorio

Esta es la primera de dos entregas de comunicados que publicaremos en los próximos días. No queremos dejar de hacer un análisis de los anuncios que se realizaron esta semana en la redacción ni de las primeras bajas que tuvieron pero antes queremos reflexionar del correo titulado: “Diarios, Taxis y remises y viajes”, que llegó a nuestras casillas el 28 de julio.

La carta a la redacción anuncia una nueva política de gastos, que sostiene que fue diseñada “teniendo en cuenta nuestras necesidades periodísticas, el mantenimiento e incremento de la calidad de nuestras plataformas”. Y tras un breve encabezado se desglosa una serie de ítems en los cuales habrá recortes, como la compra de diarios, la política de viajes y los taxis y remises. No vamos a reproducir lo que ya todos leyeron, sólo queremos señalar nos resulta curioso que se presente una política de ajuste presupuestario como parte de un plan que apunte al incremento de la calidad periodística.

Las iniciativas de ahorro pueden deberse a situaciones de los más diversas, pero de ninguna manera pueden provocar una mejora de los productos y contenidos que realizamos. Por el contrario, llevamos al menos dos años siendo testigos de cómo las distintas limitaciones en los recursos materiales y humanos genera peores condiciones para hacer periodismo. Somos testigos a diario de cómo los engorrosos procesos de autorización para el transporte o la devolución de gastos atentan no sólo contra los tiempos de nuestro trabajo, sino también contra la celeridad para cobrar lo que pagamos financiando lo que el diario no entrega como adelanto.

Más allá de las plataformas, las historias que escribimos se encuentran en la calle y en el contacto directo con los protagonistas. Pero en los últimos dos años en todas las redacciones y secciones disminuyeron sensiblemente las salidas de los redactores para realizar notas o coberturas. Somos menos, tenemos equipos más chicos pero afrontamos la misma o mayor cantidad de trabajo. La ecuación es simple: si antes hacíamos 5 páginas entre 5 periodistas y ahora sólo hay 2 compañeros para cubrir el mismo espacio y la web; vamos a optar por realizar el reportaje vía mail o teléfono en la mitad de tiempo. Esto nos empuja peligrosamente al periodismo de escritorio.

Después están quienes deben estar todo el tiempo fuera de la redacción, como los fotógrafos. Ellos trabajan con equipos de más de 7 años, que cada 5 o 6 meses se rompen y hay que pagar la mitad de los que cuesta uno nuevo para su reparación. En plan de revisar gastos, quizás éstos deberían también ser apuntados. Cámaras viejas para el periodismo del futuro es una ecuación que tampoco cierra.

Si es verdad hay sectores en los que se producen grandes gastos respectos de algunos de los tres ítems en los que se recortará la dirección periodística y la gerencia de Capital Humano debería plantearlo en esos ámbitos y no aplicarlo de manera indiscriminada en toda la redacción, como si fueran preceptores de secundaria. Por otro lado, nos preguntamos si realmente en las redacciones están los grandes gastos y no en sectores que siguen pasando enormes facturas de comidas, reintegros de viajes, y varios etcéteras, como lo hacían en el Clarín que vendía un millón de ejemplares.

Comisión Interna de los trabajadores de AGEA/Clarín

 

Los Whpei, nuevos socios de los Cetrá en Rivadavia, fueron acusados en 2012 por una millonaria evasión fiscal

GUILLERMO WHPEI

El ingreso de los hermanos Whpei a Radio Rivadavia, quienes conformaron una sociedad con la familia Cetrá que mantiene el 30 por ciento del paquete accionario de la emisora, generó suspicacias desde el principio. Más allá de las promesas del grupo santafecino sobre que no iba a avanzar con  despidos y mantener los contratos acordados, todo se diluyó en pocos días cuando se supo que iba a desafectar a 40 empleados.

En las últimas horas los trabajadores de la señal estuvieron siendo convocados a un estudio jurídico en esta capital donde frente a abogados de la nuevos socios y un gerente que responde a Luis Cetrá de nombre Agustín Delger, primero les advirtieron que la empresa ya había tomado la decisión irreversible de reducir el personal y paso seguido, les ofrecieron cifras irrisorias para que dejaran sus puestos laborales bajo la figura de falsos retiros voluntarios. Les hablaron de una desvinculación temporaria hasta que la firma se recupere y pueda volver a convocarlos. Algo que por supuesto nadie pudo tomar ni remotamente en serio.

Las ilegales ofertas fueron rechazadas por casi la totalidad de los compañeros, inclusive ante la extorsión de los Cetrá-Whpei que amenazaron a los empleados asegurándoles que en caso de no aceptar lo que se les ofrecía tendrían que ir a un extenso juicio y que además nunca más iban serían llamados para volver a desarrollar sus tareas en la radio.

En ese clima de conflicto los colegas salieron a denunciar lo que ocurría en las redes sociales y también realizaron una importante movilización en las puertas de la AM 630 en la calle Arenales 2467. Estas son las imagenes:

Desde el principio, cuando se hizo pública la llegada a Rivadavia de los dueños de LT3 de Rosario y El Cordillerano de Bariloche, la pregunta que empezó a circular fue de dónde provenían y a qué se dedicaban, además de su flamante incursión en materia medios. Las respuestas no tardaron en llegar y en poner alerta a todxs lxs trabajadores de la comunicación.

Los hermanos Whpei se presentaron en sociedad como personas vinculadas a las comunidades originarias, entre ellas a algunos de sus referentes; a nivel nacional con el dirigente Qom, Félix Díaz, e internacional, con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum. Sin embargo también se supo que los santafecinos son importantes prestamistas a través de la financiera Grupo Unión, y titulares de la Fundación Para la Democracia Internacional, antes denominada Fundación Estudios Litoral Argentino, cuyo presidente es Guillermo Whpei, a quien se ve en la foto que encabeza esta nota invitando al Jefe de Estado, Mauricio Macri, a firmar una bandera argentina en la sede de esa organización, su secretario es Fernando Whpei.

Según publicó La Política Online en enero de 2013, “la creación de la Fundación, dista de ser producto de la filantropía. Su primer precursor fue Carlos Sergi, un conocido empresario cuestionado por sus turbios negocios en los ’90” cuando fue acusado de intervenir en el pago de coimas a funcionarios argentinos en la frustrada licitación de DNIs que se pretendía otorgar ilegalmente a la empresa Siemmens.  “Con esta institución se quiso emular la Fundación Mediterráneo de Domingo Cavallo en Rosario”.

“Fue con importantes empresarios como socios, entre ellos Roberto Paladini y Alberto Gollán, propietario del multimedio Televisión Litoral y no transcurrió mucho tiempo cuando Paladini y Gollán se separaron de Sergi. Según trascendidos, sería por sus vinculaciones políticas y negocios poco transparentes”.

Para esa misma época, se supo que en enero de 2012 los Whpei fueron investigados por una presunta evasión millonaria. Esta es la nota completa del sitio que dirige el periodista Ignacio Fidanza:

Una denuncia ante la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), involucra a los hermanos Whpei, titulares del Grupo Unión y de la conocida Fundación Litoral. El proyecto de cocheras subterráneas por iniciativa privada y los lazos con Carlos Sergi.

La Política online tuvo acceso a la denuncia por “evasión en el pago del impuesto de Sellos por millonarias sumas de dinero”, contra Fernando Elías Whpei y su hermano Guillermo, ambos titulares de la firma prestamista Grupo Unión S.A y el Banco Francés ante la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API).

La denuncia, patrocinada por el abogado Hugo Scarzi, solicita al API una investigación por presunta evasión del pago del impuesto al Sello que corresponderían a los Contratos de Cesión en Propiedad fiduciaria a título oneroso celebrados entre las firmas mencionadas, a través de los cuales, el Banco Francés adquirió las carteras de crédito del Grupo Unión por montos que superan los 10 millones de pesos en agosto del 2006, según consta en la documentación.

A partir de dichos contratos, el grupo cedía al Francés las carteras de crédito de los préstamos otorgados a los asociados de Unión Provincial de Jubilados y de la Asociación Mutual Unión Federal. Lo que llamó la atención del denunciante es que la cesión se realizó en jurisdicción porteña cuando correspondía hacerlo en la Provincia de Santa Fe. A pesar de ello, y según la legislación local, los gastos de sellados debían abonarse a la provincia. Por entonces, en la Ciudad Autónoma no existía tal gravamen.

Por otro lado, se solicitó al API que investigue si los hermanos Whepi abonaron el Impuesto de Sellados correspondiente a un importante movimiento financiero realizado el 21 de abril del 2008 que constituyó el Aumento de Capital Social del Grupo Unión por $22.016.094.

La denuncia en curso, no es la primera sospecha de evasión que involucra al Grupo. Ya en octubre del 2006, la División de Investigación Dirección Regional Rosario AFIP-DGI, detectó anomalías en la liquidación de los Impuestos a las Ganancias de los Whpei donde se señalaban ingresos exentos por tres millones ochocientos mil pesos correspondientes al ejercicio del 2005. A su vez, en la declaración jurada del mismo año, Guillermo Whpei registró como ingreso “no gravado” la misma suma.

La unidad de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), que interviene cuando se denuncian a funcionarios locales, por disposición del Fiscal General Mariano Borinsky, citó en su oportunidad al denunciante para ratificar los dichos en el marco de la investigación de posible Asociación Ilícita.

Se calculan que entre Sellado e intereses, la suma rondaría los 2 millones de pesos de deuda al fisco santafecino.

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