León Piasek (abogado del SiPreBA): “No hay ninguna comprobación empírica de que una empresa haya quebrado por culpa de los juicios laborales”

A estas alturas no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que así como la administración anterior dejó en manos de seudoempresarios inescrupulosos toda el área paraestatal y estatal de medios, que terminó muy mal, la Alianza Cambiemos (PRO-UCR-CC/ARI-Fe) aprovechó esa desidia para desfinanciarlos y terminar perjudicando pura y exclusivamente a los trabajadores, porque los Szpolski, Cetrá, Garfunkel, Magnetto, De Vido, Hadad, los Vignati, los Olmos, Fontevecchia, Santa María, Pierri, Vila, Manzano, Belocopitt, Ferreyra y Acosta, etc, con excusas de distinta índole siguen libres y operando sin problemas, mientras tanto los malos de la película son los despedidos, que en la mayoría de los casos ni siquiera tuvieron acceso a una indemnización absolutamente legítima.

Dos casos emblemáticos: el vaciamiento del G-23, de Crónica, o el plan de ajuste mediante la trampa de los “retiros voluntarios” de Clarín y La Nación, entre otros. Así como ocurrió, y sigue pasando en el rubro de las comunicaciones, el desaguisado de criminalizar a quienes se quedan en la calle es prioridad política de este gobierno, que tiene como vocero exclusivo de esa desigual avanzada, nada más y nada menos, que al Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El Jefe de Estado salió, como hizo desde el día uno de su gobierno, a defender en el marco menos indicado, los intereses de los holding corporativos y a atropellar todo derecho laboral. Así liberó del pago de impuestos a compañías mineras, agrícolas, petroleras, energéticas, multinacionales de diversos sectores, etc, y fue sin piedad contra los que menos tienen, no sólo en materia económica, sino también en capacidad de defensa. Este titular del Ejecutivo cataloga de “Mafia” a todo aquello que vaya contra los intereses de su plan de achicamiento y endeudamiento. Así pretende estigmatizar a todo gremio que desde sus conducciones burocráticas no esté dispuesto a entregar a quienes debe proteger, por eso el conflicto con los gremios docentes. Con una audacia que realmente sorprendió a propios y extraños fue contra subas a jubilados, pensiones por discapacidad, mientras aprovechando el efecto antiK apura los desendeudamiento de las firmas de la familia presidencial y sus aliados.

El último y gratuito ataque al derecho constitucional de todo ciudadano a protegerse (a derecho) frente a los abusos patronales de aquellos que quieren dejar gente sin empleo a mansalva sin que nadie pueda reclamarles absolutamente nada, fue hasta una versión alocada de quien administra la primera magistratura del Estado nacional. Por eso reproducimos la nota que nuestro colega Emmanuel Gentile le hizo para Contratapa al abogado laboralista del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), León Piasek:

“Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales, hay que enfrentar y terminar porque destruye la generación de empleo futuro”, disparó el presidente Mauricio Macri este lunes durante el acto de asunción del nuevo canciller Jorge Faurie, que se desarrolló en la Casa de Gobierno. Una frase fuera de contexto pero con un objetivo claro, allanar el camino para que los empresarios de este país y del extranjero sepan que en Argentina los trabajadores ya no podrán patalear. Si para sostener o aumentar el nivel de ganancias tiene que haber despidos, trabajo en negro y precarización, pues que haya. Si todo marcha como quiere el Gobierno, en poco tiempo así será.

El mensaje no terminó ahí, se completó con un señalamiento macartista contra un “grupo de estudios” de abogados y “un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por (Héctor) Recalde”, jefe de la bancada kirchnerista en Diputados. Recalde, abogado y político siempre vinculado a la lucha gremial, denunció la semana pasada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Gobierno está violando los convenios 87 y 98, que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los medios más importantes del país, que responden abiertamente al macrismo, se encargaron de amplificar las voces oficialistas y justificar los dichos del Presidente, aunque sin datos concretos que lo puedan avalar.

Contratapa entrevistó a León Darío Piasek, abogado, representante legal del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) e integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien desestimó las aseveraciones del mandatario de Cambiemos y denunció que hay “un embate muy grande contra la justicia del trabajo”.

Piasek recordó que es la sexta vez que en poco tiempo Macri hace declaraciones vinculadas a la supuesta “mafia” de los abogados laboralistas, los magistrados y los trabajadores. Y sostiene que nada tienen que ver con la situación de las pymes, sino con algunas sentencias judiciales que le disgustaron al presidente y su séquito, como la que avaló la paritaria de los bancarios, o algunas que ordenaron la reincorporación de despedidos ilegalmente de algún organismo del estado.

“Estas declaraciones tienen cierta encarnadura en la sociedad porque vienen con una historia -explica Piasek-. No es la primera vez que se habla de la industria del juicio, también ocurrió en los 90. En el Gobierno pasado Cristina Kirchner también lo manifestó en relación a los juicios por enfermedades o accidentes en una reunión con empresarios. En el caso de Macri, lo hace en un marco muy extraño, cuando está asumiendo un ministro de Relaciones Exteriores, algo que podría leerse como un mensaje a los embajadores presentes, como diciendo acá las empresas pueden venir, no vamos a tener juicios, vamos a flexibilizar el derecho del trabajo”.

Pero más allá de lo absurdo que puede parecer que se refiera a la “mafia de los juicios” en una jura, el abogado remarca el hecho de que sus palabras hayan sido dirigidas contra alguien que, además de ser un experimentado abogado laboralista, es el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, hecho que denota una clara intencionalidad política.

Probablemente responda a una suerte de pase de factura por la denuncia que presentó Recalde contra el Ejecutivo por cercenar la libertad sindical, acusación que coincide con el análisis de León Piasek.

“Hay una afectación directa por medio de algunas decisiones del Ministerio de Trabajo. Intervenciones de sindicatos, amenazas permanentes de quites y suspensiones de personería gremial, el intento permanente de prohibir el derecho de huelga, limitar la negociación colectiva, y en los casos de despidos masivos, la respuesta siempre suele ser a favor de las empresas. En el caso del gobierno anterior, con todas las críticas que se le puedan hacer, con las causas de empresas en crisis se trataba de mantener en pie a la compañía y conservar todos los puestos de trabajo y el pago de salarios”, sostiene el abogado.

Yendo a lo concreto sobre las declaraciones de Macri, el ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, con una vasta experiencia en el ámbito de la justicia laboral, negó rotundamente la posibilidad de que exista una afectación real de las empresas por reclamos de trabajadores por vía judicial.

“Es todo mentira, porque no hay ninguna comprobación empírica de que ninguna empresa, de ningún tamaño, haya quebrado por culpa de los juicios laborales. Es un absurdo total, y menos que pueda decirse que hay una organización criminal, que eso es la mafia, que abogados laboralistas, jueces y trabajadores nos reunimos en un lugar para pergeñar o inventar juicios”, aclaró Piasek.

Según el especialista, son muy pocos los casos en los que un trabajador puede cobrar una suma millonaria en un juicio. Probablemente lo logren los ejecutivos de las empresas cuando los despiden, porque tienen buenos sueldos, porque ganan bonos, y están más ligados a los CEOS de esas compañías. “Si se abren los libros de las empresas, se puede observar que los costos laborales más importantes no están en las capas bajas o medias, sino en un sector gerencial, que es el que se lleva la parte del león”, dijo Piasek aludiendo a la fábula en la que el “rey de la selva” se queda con toda la presa, abusando de su poder frente a otros animales.

Ni siquiera el titular de la Asociación de pequeñas y medianas empresas, Eduardo Fernández, coincidió con los dichos del líder de Cambiemos. Fernández reconoció que los juicios laborales son “un problema”, pero aseguró que los cierres del último tiempo son consecuencia de la “situación económica”.

Para el letrado del SiPreBa, las razones de la crisis de la industria hay que buscarlas en otro lado. “Pareciera que nosotros somos los culpables de la apertura indiscriminada de las importaciones, del ajuste brutal, de la baja del consumo, de la concentración monopólica de algunos sectores, y de las políticas económicas en general”, asegura Piasek.

Y agrega: “Si una pyme no puede medir la contingencia de un posible reclamo, si contrata gente en negro o no cumple con las normas en general de higiene y seguridad o de prevención de accidentes, después es muy difícil quejarse”.

“Por mi experiencia, puedo asegurar que no vamos a encontrar ningún caso de que una pyme tenga que cerrar por un juicio laboral. En los juicios de despido en general, como los salarios son muy bajos y las antigüedades hoy no se extienden tanto como en otras épocas, las indemnizaciones son escuetas y muchas veces se negocian. Es muy falaz y muy fácil de descubrir que no se puede comprobar la supuesta realidad que expresa el gobierno”, aclara el abogado.

Con el tema puesto en la agenda de los grandes medios, tal como buscaba el Presidente, quedó evidenciado que lo que no se analiza es cuáles son las causas de esos juicios. “Es verdad que hubo un incremento en la litigiosidad, pero ¿por qué?. Hay muchas razones. En primer lugar, uno de cada tres trabajadores en Argentina está en negro, y eso es una fuente de reclamo. Existe la necesidad del trabajador de estar registrado, de tener cobertura de seguridad social, obra social. Por otra parte, en muchos casos las empresas no pagan los salarios, sobre todo en estos últimos 17 meses del gobierno de Cambiemos. Lógicamente, eso provoca reclamos salariales. Si despiden y no pagan indemnización, también se provocan”, dice Piasek. Y agrega que la última reforma del régimen de las ART agravó el problema, ya que va a ser una fuente de nuevos juicios. “La nueva ley hace que la mayor parte de las denuncias por enfermedades o accidentes de trabajo sean rechazadas en el sistema de ART, y eso recaerá en la justicia laboral”, sostiene.

Ahora juguemos por un rato a ser un medio hegemónico y amigo del poder y tratemos de hacerle creer al público que Macri tiene razón. Supongamos que exista un abogado chanta que inventa el juicio y convence al trabajador (Al pibe, como dice Macri) ¿Sería posible superar todas las instancias de un juicio hasta cobrar esa supuesta suma millonaria?

“Sería impensado que uno pueda arreglar un juicio con una demanda inventada y que eso pase por todas las instancias de jueces y fiscales, incluso la Corte. Yo nunca lo vi. Y si existiera, debe tratarse de algo excepcional que no puede ser tomado como una regla. Por otro lado, es muy extraño que aquellas personas que hayan sido víctimas de algún juez coimero o abogado que haya inventado un juicio no lo hayan denunciado. Hay muchas instancias para hacerlo, en la Justicia penal o ante el Colegio Público de Abogados. Pero no van a encontrar ninguna, ni en la Provincia de Buenos Aires, ni en ningún otro lado del país”, asegura Piasek.

El Gobierno ya demostró sus intenciones de avanzar contra los derechos de trabajadores y trabajadoras y allanar el camino para que las ganancias empresarias no encuentren ningún obstáculo en el camino. Condiciona con despidos y salarios a la baja. No le tiembla el pulso a la hora de denunciar a jueces, abogados y rivales políticos. Avanza con la ley, con la prensa y buena parte de la justicia. El asunto pasa por si ese avance puede condicionar a los encargados de impartir justicia que mantengan -aún- cierta independencia.

“Existe una injerencia directa del poder Ejecutivo en el poder judicial, y eso es muy grave. Hace poco el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano dijo, “no podemos cambiar a todos los jueces de golpe”. No los tienen que cambiar, ni tener jueces adeptos o que se adapten y los representen. Creo que en el ámbito de la Justicia laboral hay una sensación de inseguridad. Los jueces, no todos, pero algunos van a mantener sus ideas, sus valores, su apego a la ley y la Constitución. Otros, ante una posibilidad de dictar una sentencia en la que el Estado o algún amigo del poder sea parte, creo que van a dudarlo. Esperemos que no, pero en las personas que no tienen una personalidad fuerte, las amenazas tienen una influencia distinta. La crítica que le hacían al gobierno anterior tenía que ver con la falta de independencia en la Justicia. Pero esto que están haciendo es inédito”, concluyó Piasek.

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