Con la detención de la colega de La Garganta Poderosa queda claro porque el poder va contra los medios alternativos

Las políticas de ajuste y despidos constantes que ponen en juego el futuro de nuestros hijos y de los sectores mayoritarios de la ciudadanía están siendo silenciadas, ocultadas e invisibilizadas por los grandes holdings de medios que pertenecen o responden a ese esquema de poder en base a los incalculables beneficios que están recibiendo.

Como hicieron con gobiernos anteriores, la lógica “empresarial” de relaciones entre medios y poder de turno, tiene que ver con tergiversar la información en favor del inquilino momentáneo en Balcarce 50, obviamente a cambio de millonario apoyo estatal  en materia de pauta oficial y libre albedrío para achicar a mansalva plantillas laborales para así acrecentar sus insaciables ganancias ampliando sus emporios.

Algunos casos emblemáticos son el de Clarín, con sus fraudulentos despidos en AGR y un plan sistemático de “retiros voluntarios”, La Nación, que ahora con su LN+ no sólo cesantea trabajadores de prensa sino que precariza a los que quedan con las redacciones convergentes donde se los obliga a realizar multitareas en diversos formatos a cambio de sueldos miserables porque están fuera de todo convenio y normativa vigente. Perfil incurre en el mismo esquema, y no podemos olvidar el intento de réplica de vaciamiento que los Ferreyra/Acosta le quieren copiar a Szpolski/Garfunkel/Gallea en Radio Del Plata.

Una de las facetas de la comunicación que la coalición gobernante (PRO-UCR-CC/ARI) quiere coartar de cualquier modo para que no se sepa la dura realidad que estamos viviendo, es la de los medios más pequeños y alternativos, que hoy por hoy junto a las redes sociales, son la única fuente de credibilidad. Los mal llamados empresarios de medios privados y gerentes de los públicos, así como los tres poderes del Estado, violan la Constitución en su Artículo 14 donde se afirma que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.

Lo que ocurrió ayer con la colega de La Garganta Poderosa, Micaela, que de manera valiente se puso a filmar la ilicitud del proceder inescruulosos de efectivos de las fuerzas policiales federales a cargo de la ministra Patricia Bullrich, quienes detenían como a un reo mayor de edad a un menor de 13 años, puso de manifiesto la verdadera intención que tiene el desguazar a cualquier canal, radio, diario, página web, blog, o revista, que haga uso de la libre expresión de la prensa.

La joven estuvo ilegalmente detenida 8 horas en la Comisaría 11 de la PFA, y recién fue liberada ayer domingo cerca de la medianoche, luego de una importante movilización de gente a las puertas de la dependencia policial, que hasta convocó a la reconocida y respetada Abuela de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales ratificó que no hay leyes que impidan filmar el accionar de agentes de policía y que la detención de la militante de La Poderosa fue arbitraria.

La misma organización explicó los detalles de la irregular detención: “Micaela había sido detenida cuando intervino ante el accionar de un grupo de policías que se disponían a esposar a un nene de 13 años acusado de un robo. Con su celular registró las imágenes, mientras les señalaba a los efectivos que se encontraban sin su identificación correspondiente y que no podían ponerle las esposas a un menor. Tras pedirle su documento la retuvieron más de 3 horas en la calle, al tiempo que el niño estaba encerrado dentro del patrullero”.

Tenemos que ponerle un freno a estas actitudes represivas de las fuerzas a las que el Estado provee de armas que pagamos todos, y que sólo deben ser utilizadas para proteger a la ciudadanía, y no para atacarla moviéndose impunemente como grupos de tareas parapoliciales que no respetan las más mínimas normas ni derechos individuales.

La Interradial manifiesta su más enérgico repudio a todas estas prácticas antidemocráticas, que reiteramos, pisotean el Estado de Derecho en todas sus formas.

Les dejamos un protocolo de lo que se le puede responder a un policía cuando se lo graba cometiendo algún abuso de autoridad o cualquier actitud que se considere una vejación a los derechos que nos asisten a todos y cada uno:

 

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